Convocatoria a la solidaridad con el Pueblo Mapuche y la CAM

Convocatoria a la solidaridad con el Pueblo Mapuche y la CAM

Llamado urgente de solidaridad con el Pueblo Mapuche y la CAM

Generations.chili@gmail.com /ADDHEE.ONG

Más de 350 organizaciones y personas de Chile, Europa y las Américas se han sumado al Llamado urgente de solidaridad con el pueblo Mapuche y la CAM para frenar las políticas conjuntas de criminalización de todos los poderes del Estado chileno, incluido el gobierno de turno, hacia el pueblo Mapuche y la CAM.

Los presos políticos Mapuche (PPM) de la CAM llevan 25 días de huelga de hambre con el objetivo de ser trasladados cerca de sus comunidades y familiares y en módulos de detención adecuados culturalmente para pueblos indígenas, tal como lo definen los estándares internacionales de derechos humanos.

Pero el gobierno de Gabriel Boric Font continúa haciendo oídos sordos frente a las legítimas demandas de los PPM-CAM y no duda en silenciar las movilizaciones con más represión. Hoy, 21 de diciembre del 2022, las familiares de los PPM-CAM han querido manifestarse frente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Marcela Ríos Tobar, y han sido brutalmente reprimidas y detenidas.

Así que continuamos la recolección de adhesiones y les rogamos seguir apoyándonos difundiendo este nuevo FORMULARIO para juntar nuevas firmas de organizaciones y personas.

Colectivo Nuevas Generaciones Chile-Suiza

generations.chili@gmail.com

Más de 350 organizaciones y personas de Chile, Europa y las Américas se han sumado. Continuamos la recolección de adhesiones. (19 de diciembre del 2022 – 4:30pm)

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, las organizaciones firmantes de esta declaración alertan a la opinión pública chilena e internacional sobre las graves vulneraciones y violaciones a los derechos del pueblo Mapuche, sus comunidades y sus miembros. El Estado de Chile continúa su política de criminalización, en particular de la Coordinadora de comunidades en conflicto Arauco Malleco (CAM), afectando de tal manera el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, en cuanto a sus formas de organización y sus manifestaciones por la recuperación de sus tierras/territorios y recursos que históricamente poseían antes del Despojo colonialista español y la mal llamada Pacificación de la Araucanía.

Para ese propósito, el Estado de Chile dispone de un amplio arsenal jurídico y legisla frenéticamente para perfeccionarlo en aras de incrementar la represión y la criminalización. La Ley de Seguridad del Estado, una disposición legal del derecho penal político que data del año 1958, ha sido utilizada tanto en la dictadura cívico-militar como para cometer graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante los últimos 30 años y especialmente a partir del 18 de octubre del 2019. Su aplicación al vocero de la CAM, Héctor Llaitul y sus hijos, afecta gravemente su derecho a un debido proceso pues opera en el marco de la doctrina del enemigo interno y busca criminalizar las ideas del movimiento autonomista Mapuche como la legítima protesta social de las comunidades Mapuche en resistencia.

El trasfondo del conflicto entre el pueblo Mapuche y el Estado de Chile está relacionado con las tierras en disputa que hoy están en su mayor proporción en manos de un sistema de producción forestal de carácter extractivista, avalado y subsidiado por el Estado. Últimamente, la agudización del conflicto se relaciona con el aumento de la inversión del sector económico transnacional en los territorios reivindicados como el megaproyecto de Modernización y Ampliación de la Planta Arauco (MAPA) y a través de las políticas de fomento de la inversión foránea como el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP11). Tales inversiones y megaproyectos requieren de cada vez mayores extensiones de territorio para el monocultivo, avanzando hacia los valles, reservas naturales y la selva valdiviana, lugar de biodiversidad única en el mundo. Por lo tanto, las empresas forestales, no solo han reiterado su constante negativa a las demandas legítimas del pueblo Mapuche, sino que intervienen para incorporarlos a sus actividades capitalistas, dañando profundamente la cosmovisión Mapuche y su idea propia del desarrollo.

El territorio histórico del pueblo Mapuche, Wallmapu en idioma Mapuche, o Macrozona Sur para la administración, se encuentra además militarizado mediante los decretos presidenciales de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia desde el 12 de octubre del 2021 (Día de la Resistencia Indígena), firmados en su momento por el ex presidente Sebastián Piñera Echenique y ahora por Gabriel Boric Font. Los últimos decretos, apoyados reiteradamente por el Congreso y las coaliciones de gobierno, han acotado la intervención de las Fuerzas Armadas a las rutas. Esa delimitación, que de ninguna manera modera la acción militar, tiene precisamente como objeto de proteger las inversiones capitalistas y las vías de transporte de la materia prima extraída por la industria forestal.

Bajo el Estado de Excepción, se ha realizado una ofensiva mediática y policial que afecta gravemente los derechos del pueblo Mapuche y sus miembros, como la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, en detrimento de las obligaciones internacionales del Estado de Chile. Esa ofensiva ha consistido en discursos racistas que incitan al odio, nuevos montajes judiciales, detenciones arbitrarias especialmente por parte de militares, diferentes formas de tortura, discriminación en las cárceles y la utilización desmedida de la prisión preventiva como condena previa. El encarcelamiento en centros de detención concesionados y el trato racista y colonial hacia los presos políticos Mapuche de la CAM, en particular el desarraigo de sus comunidades y familias, desencadenaron el inicio de una huelga de hambre el 27 de noviembre del 2022 por nueve de ellos.

Ante esta grave situación:

  1. Hacemos un llamado urgente a la solidaridad internacional para frenar las políticas conjuntas de criminalización de todos los poderes del Estado, incluido el gobierno de turno, hacia el pueblo Mapuche y la CAM
  2. Solicitamos una visita oficial a Chile del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Sr. Francisco Calí Tzay, con el fin de formular recomendaciones y propuestas sobre las medidas efectivas de protección de los derechos del pueblo Mapuche
  3. Exigimos la realización inmediata del petitorio de los presos políticos Mapuche de la CAM, amparado por los estándares internacionales de los derechos humanos, en vista de un debido proceso así como de garantizar el ejercicio de los derechos culturales dentro de los centros de detención.

El llamado está abierto a nuevas adhesiones, escribir a generations.chili@gmail.com

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