PARAGUAY: MASACRE DE CURUGUATY

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Indignación por el fallo judicial de la masacre de Curuguaty

El compañero Presidente Dr. Salvador Allende Gossens y la Reforma Agraria: “El latifundio es el gran culpable de los problemas alimentarios de todos los chilenos y de todos los Pueblos Latinoamericanos. Responsable de la situación de atraso y miseria que caracteriza al campo chileno y latinoamericano. Los índices de mortalidad infantil y adulta, de analfabetismo, de falta de viviendas, de insalubridad son, en las zonas rurales, marcadamente superiores a los de las ciudades. Sólo la lucha del campesinado con el apoyo de todo el Pueblo puede resolver los problemas de la miseria antes citada. El actual desarrollo de sus combates por la tierra y la liquidación del latifundio abre nuevas perspectivas al movimiento popular no sólo en Chile, sino en América Latina”
Dr. Salvador Allende Gossens, Presidente de Chile

La justicia paraguaya en la medida de lo posible dictaminó la prisión de once campesinos por la muerte de cinco policías en los enfrentamientos de 2012, en medio de denuncias de “falta de pruebas” y una investigación fiscal “parcial y politizada”.
“Dantesco enfrentamiento en colonia de Curuguaty”. Con ese título el periódico paraguayo ABC Color daba cuenta el 15 de junio de 2012 de una cruenta batalla entre campesinos y efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) que culminó con el saldo de 17 muertos entre ambos bandos.
Los campesinos protestaban desde hacía un mes por la escasez de tierras para el cultivo, mientras ocupaban una propiedad del ex senador colorado Blas N. Riquelme de unas 2.000 hectáreas. Según relató el rotativo, eran cerca de 150 manifestantes y 250 policías. Junto a las fuerzas de seguridad, iban los fiscales Diosnel Giménez y Ninfa Aguilar que portaban una orden de allanamiento que había sido firmada por el juez penal de garantías de Curuguaty, José Benítez.
El desalojo se tornó violento desde un primer momento y tras aproximadamente media hora de enfrentamiento los campesinos se replegaron hacia un monte cercano, donde luego se daba la sentencia de muerte de once campesinos y seis policías.
Apenas una semana después el mandatario paraguayo, Fernando Lugo, era destituido por el Senado en un juicio de veinticuatro horas. La masacre fue uno de los argumentos utilizados por los legisladores para dar por terminado el gobierno del presidente constitucional. Apenas se supo el fallo de la Cámara, fuerzas policiales reprimieron una manifestación de apoyo a Lugo. Las reacciones de los países de la región no se hicieron esperar y Paraguay fue suspendido del Mercosur y la Unasur.
El pasado lunes 11 de julio, se dio a conocer el dictamen del juicio por uno de los enfrentamientos más violentos entre fuerzas policiales y trabajadores rurales de los últimos años. La justicia paraguaya condenó a los once campesinos acusados de la muerte de los policías, con penas de prisión que varían entre los 6 y 30 años, mientras que la investigación por la muerte de los trabajadores continúa varada y sin imputados.
Los medios de prensa paraguayos mostraron preocupación por los vericuetos del proceso judicial que recién comenzó el 15 de diciembre de 2015, en medio de disturbios y con la intervención de la Corte Suprema de Justicia y con las denuncias de una investigación “parcial, politizada y muy poco rigurosa”.
En 2013, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, criticó al gobierno paraguayo por la violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y exigió “investigar los hechos y garantizar la imparcialidad del proceso”.
La activista Guillermina Kanonnikoff, presa política durante la dictadura paraguaya (1954-1989), dijo que el fallo ”es una bofetada para el pueblo” ante la ausencia de pruebas que confirmen que los campesinos imputados mataron a los policías y agregó que “esto es una dictadura fiscal, nuestro país corre peligro en su ser democrático porque se nota que lo que hizo el tribunal fue simplemente seguir todo el libreto que había desarrollado la Fiscalía”.
Dentro del fallo, llamó la atención de abogados y otros organizaciones como Rubén Villalba – campesino condenado a treinta años de prisión y cinco de medidas de seguridad- se le adjudicó los disparos que propiciaron la muerte de Erven Lovera, jefe del grupo de Operaciones Especiales de la policía paraguaya, sobre lo que no hay ninguna prueba concreta.
Kanonnikoff anunció que “tocarán todas las puertas legales e instancias internacionales que sean necesarias para poner en libertad a los imputados”.

La sentencia
Además de la condena de Rubén Villalba, también fueron enviados a prisión Luis Olmedo, que recibió una condena de 20 años de cárcel; Arnaldo Quintana y Néstor Castro Benítez fueron condenados con 18 años de prisión por la comisión de los hechos punibles de homicidio doloso en grado de tentativa en calidad de coautores, homicidio doloso en calidad de coautores, invasión de inmuebles y asociación criminal.
Lucía Agüero, María Fany Olmedo y Dolores López, a 6 años por ser cómplices de homicidio, al prestarse a ponerse en primera línea con niños y ancianos, para aparentar tranquilidad ante los agentes que llegaron para realizar el desalojo del predio; Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan Tillería, a 4 cuatro años de cárcel por invasión de inmueble.

Los campesinos paraguayos hoy están en la misma situación de despojo y de indefensión institucional que hace décadas.
El lunes 11 de julio se dio a conocer la sentencia del juicio que se abrió en 2012 sobre los once acusados por la llamada “Masacre de Curuguaty”. En medio de numerosas protestas e importantes medidas de seguridad policial fuera y dentro del Tribunal, los tres magistrados a cargo del juicio determinaron que los 11 procesados son culpables de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal. Además, encontraron a 9 de ellos culpables de homicidio -homicidio doloso consumado y en grado de tentativa, según el caso- y establecieron condenas que van de los 30 a los 4 años de prisión.
La matanza de Curuguaty fue el principal argumento de la oposición en el Parlamento para iniciar el juicio político al entonces Presidente Fernando Lugo. Ocurrió el 15 de junio de 2012 cuando alrededor de 300 policías fuertemente armados -grupos de élite- intentaron desalojar a unos 70 campesinos unas tierras -en litigio entre el Estado y una empresa- que habían ocupado en reclamo por su incorporación a los beneficios que el gobierno estaba otorgando a las organizaciones campesinas. El Presidente Lugo había ordenado tiempo antes la ejecución de desalojos pacíficos -sin armas- de tierras ocupadas por campesinos, para su posterior relocalización en predios que serían otorgados en propiedad a los mismos. En el caso de Curuguaty, hoy resuelto, se determinó que los campesinos se habían negado a iniciar el diálogo con las fuerzas de seguridad, que habían iniciado los disparos que dieron lugar a la masacre y que fueron los responsables de las 17 muertes, aunque éstas se dieron tanto en las fuerzas policiales (6) como en las filas campesinas (11).
El proceso judicial que acaba de finalizar, y que condenó a los acusados, todos campesinos, estuvo teñido de cuestionamientos legal-procedimentales desde su inicio, hace ya cuatro años. Entre otros, destacan la toma de testimonios sólo a policías, que no se hicieron adecuadamente las pericias, incluida la de balística para determinar qué grupo poseía los proyectiles de alto calibre, que se “perdieron” posteriormente evidencias forenses que indicaban el ajusticiamiento de campesinos, y la existencia de fuertes indicios de imparcialidad del fiscal y de otros letrados intervinientes en el caso, que sesgaron la orientación de la investigación hacia la culpabilidad de los acusados. La tónica de este largo juicio ha sido, desde el comienzo, la inversión del principio de presunción de inocencia -desde su inicio los acusados están privados de su libertad-.
Que a escasos dos días de la masacre se presentara un pedido de juicio político contra Fernando Lugo y que cinco días después se votara mayoritariamente por su destitución en el Legislativo no deja de ser altamente llamativo; tampoco -por la misma razón- la constante parcialidad de la corporación judicial en la manera en que llevó adelante el juicio contra los campesinos. El rojo es la constante en ambos procesos. Las tierras ocupadas por los campesinos estaban siendo reclamadas como propias por un grupo empresarial perteneciente al hoy fallecido Blas Riquelme, ex presidente del Partido Colorado y de fuertes vínculos con Jalil Rachid, ex fiscal de la causa, hijo de una de las figuras mas importantes del mismo Partido, y hoy Viceministro de Orden y Seguridad del gobierno actual-. Y ya en el plano político, fue a instancias del Partido Colorado -a través del Diputado Luis Gneiting- que se interpuso el pedido de juicio político contra Lugo por su supuesta responsabilidad política en los sucesos de Curuguaty y, de modo más general, por haber instigado las ocupaciones de tierras para generar el caos social, entre otros cargos investigados de manera express.
Así, la culpabilidad de los campesinos era necesaria para terminar de legitimar transitivamente la culpabilidad de Fernando Lugo, razón esgrimida para el golpe perpetrado por las élites políticas y económicas del Paraguay. Su tradicional dominio sobre la propiedad de la tierra y las principales instituciones del Estado fue puesto en cuestión por el inconcluso gobierno de Fernando Lugo. Éste quebró seis décadas de hegemonía política del Partido Colorado, y su destitución devolvió el poder del Estado a dicho Partido, tras el interregno del Vicepresidente Federico Franco y la victoria electoral del actual Presidente, el empresario ganadero y tabacalero Horacio Cartes. La quiebra del “orden establecido” en los cuatro años que duró su mandato también apuntó a la propiedad de tierras en un país en el que el 2% de los propietarios rurales siguen monopolizando el 80% de los predios cultivables. A pesar del pánico causado entre los terratenientes, las medidas en pro del campesinado no modificaron sustancialmente la estructura de la propiedad en tanto, a pesar de las denuncias de usurpación empresarial de tierras comunales y estatales presentadas por el Gobierno, el opositor Poder Judicial encargado de dirimirlas dilató su resolución hasta que cayeron en el olvido.

Los campesinos paraguayos hoy están en la misma situación de despojo y de indefensión institucional que hace décadas aunque hoy, la justicia que debía ampararlos, acaba de reiterar el mensaje de siempre: todo el peso de la ley caerá sobre quien se atreva a cuestionar el poder establecido. Y los campesinos no son los únicos destinatarios de la advertencia.

Camila Vollenweider

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