¿Quién era Jaime Guzmán Errázuriz?
Ideólogo del Opus Dei, de la dictadura cívico militar y del dictador de marras
Prof. Dr. Haroldo Quinteros Bugueño, Semanario Sur Andino/ Addhee.Ong
En 1978, Jaime Guzmán Errázuriz, asesinado en un atentado en 1992, tuvo la idea de realizar un plebiscito con la pregunta si la ciudadanía consideraba o no a Pinochet como legítimo Presidente de la República. Como sabemos, tal consulta no se realizó, y en su lugar, un año y medio después se votó la constitución de 1980.
Como también sabemos, si se hubiera realizado en 1978 aquel plebiscito, los votos los habría contado la dictadura, sin registros de votantes ni observadores extranjeros y menos nacionales, tal como sucedió en el vergonzoso fraude que fue el “plebiscito” para aprobar la actual Constitución, que justamente, redactó Jaime Guzmán con 6 personajes más pertenecientes a sectores extremos de la derecha fascista/ Opus Dei.
En 1978, en Televisión Nacional, Guzmán fue entrevistado por el actor y animador Jaime Celedón, quien sugirió a Guzmán que era necesario “dar espacio a la oposición en la televisión” antes de realizar esa consulta, especialmente a Eduardo Frei Montalva, quien fuera en 1973 el más conspicuo defensor del golpe de estado por su credibilidad como político de centro. No obstante, en ese año 1978, Frei se había convertido en un tenaz opositor a la dictadura. A la observación de Celedón, Guzmán respondió textualmente:
Tú no entiendes. Si les damos cinco minutos de televisión a Frei y a las viejas de los desaparecidos, perdemos la Consulta Nacional. Así que olvídense, nunca les vamos a dar esa posibilidad.
Vaya demócrata… En cuanto a su muerte, vamos a servirnos de Shakespeare, el dramaturgo inglés autor dela conocida tragedia “Hamlet.”
Hamlet, príncipe heredero al trono de Dinamarca, descubre que Claudio, su tío, ha asesinado a su padre, ha seducido a su madre, la reina, y se ha hecho coronar rey. Hamlet advierte que en su país reina la corrupción y la injusticia y observa que por ello su tío no será jamás juzgado; vale decir, sus delitos quedarán impunes. En su conciencia, el príncipe Hamlet, hombre justo y bueno, no podrá tener paz si no se impone la justicia, y como no hay quien la haga, tras muchas vacilaciones, finalmente mata al usurpador. El quid de la tragedia es que aquello que parece venganza es un genuino acto de justicia, puesto que ésta no existe institucionalmente en su país; por lo tanto, el asesinato de Claudio tiene esa única explicación. Desde el punto de vista de la Filosofía del Derecho, siempre se dará la posibilidad que alguien que sufre una injusticia haga justicia con sus propias manos, puesto que la ley y la Justicia de Estado son inexistentes. Es, entonces, pertinente sacar a colación la tragedia “Hamlet” en el tema del atentado y muerte de Guzmán, porque contienen las interrogantes que debió plantearse el príncipe: Primero: ¿había justicia en Chile en 1992, y si no la había, debería él hacerla por cuenta propia?; y segundo, ¿era Guzmán inocente o culpable de los asesinatos, torturas, farsas de juicios, desapariciones de personas y demás crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet?
Respondamos estas interrogantes:
La primera: Nadie en su sano juicio puede afirmar que había justicia de verdad en 1992 en nuestro país, tanto en lo político como en cuanto la vigencia del respeto a los Derechos Humanos. En ese año, Pinochet era senador vitalicio y los asesinos, muchos de ellos hoy condenados y presos en Punta Peuco, se paseaban impunes por las calles; la Corte Suprema aún no atendía las demandas de los familiares de desaparecidos y asesinados (“las viejas de los desaparecidos,” como los llamaba Guzmán);criminales calificados como Álvaro Corbalán, hoy preso, aparecían a diario en la televisión justificando los crímenes de la dictadura; no había el menor indicio de reparación a las víctimas del régimen dictatorial, etc., etc. Por cierto, en 1992 se vivía un pacto político secreto entre la derecha oligarca empresarial sofofa (la que gobernó en dictadura) y la nueva y mayoritaria coalición que logró alejar al dictador del poder, la Concertación de Partidos por la Democracia (en adelante,“ la Concertación / Nueva Mayoría”). Cierto, era la llamada “política de los acuerdos,” suscrita por la misma clase política profesional de hoy, que la invoca a menudo para justificar las restricciones a la libertad y la democracia, entonces establecidas en la constitución de 1980.Bien, eso es política, no justicia. En todo pacto político, para empezar, participan un ínfimo número de dirigentes profesionales. Indiscutiblemente, para ellos, la justicia por los crímenes de la dictadura no era la prioridad en el pacto signado con la derecha que gobernó en dictadura, aunque la coalición ganadora, la Concertación, había prometido al pueblo hacer justicia una vez alcanzado el triunfo en el plebiscito de 1988. El punto, que fue reconocido después por el ex –presidente Lagos Escobar, era hacer a la derecha algunas concesiones que, a cambio, significaban terminar por la vía parlamentaria con los “enclaves autoritarios,” primer paso para acabar con la espuria constitución de 1980. Incluso, en su política de concesiones, la Concertación, ganadora de dos elecciones presidenciales consecutivas, ante el estupor de todo el mundo, llegó al extremo de salvar a Pinochet de ser enjuiciado por la Justicia internacional, con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de 1948.
La Concertación no consiguió nada importante en ese pacto, aun luego de satisfacer a la derecha en su desesperada demanda por salvar al dictador. En verdad, ello fue, al fin de cuentas una derrota política para la gran mayoría de chilenos que habían ganado el plebiscito de 1988, las elecciones presidenciales de 1990 y 1994 y obtenido un mayor número de representantes en el Parlamento hasta el arresto de Pinochet en Londres.
De modo que a pesar de ser la Concertación mayoría, no la derecha, en 1992 el país seguía regido por la constitución redactada por la minoritaria derecha en dictadura e impuesta al país por la fuerza bruta, además de vergonzosamente “aprobada” en el fraude plebiscitario de 1980.
Resulta insólito que en 1992 siguiera vigente la “Ley de Amnistía General“ de 1978, cuya ilegalidad era indiscutible en tanto infringía los pactos internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por Chile. Según esa ley, concebida y redactada por Jaime Guzmán, los crímenes cometidos por la dictadura desde el mismo día del golpe de estado de 1973 hasta 1978 estaban amnistiados.
Vamos ahora a la segunda interrogante, i. e., si Guzmán era o no inocente de los crímenes y sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron en dictadura:
Aquí es preciso recordar, como punto de partida, que en Derecho, quien encubre, azuza o impulsa a otros a matar, es un criminal. Según ese principio, no cabe duda que Guzmán lo fue, como vamos a probarlo.
Partamos por conocer bien a Guzmán, a quien conocí en 1967. La vida política conocida de Guzmán comenzó por el año 1965, en la Universidad Católica. En 1968, el suscrito era profesor de la Universidad de Chile, en su sede de Iquique. Ese año, en el mundo entero había estallado una rebelión de la juventud, sobre todo estudiantil, contra el autoritarismo político y cultural existente. Una de las reivindicaciones de aquella juventud -en el mundo entero-era la reforma de las universidades, en el sentido que los estudiantes, de manera ponderada también debían participar en su gestión; explícitamente, en la elección de sus autoridades y la planificación académica. Ese anhelo se cumplió en todos los países democráticos del mundo, como lo era Chile. En 1968, luego de discutirse en el Parlamento y al interior de las universidades, se declaró el co-gobierno universitario en todas las universidades de Chile, sin excepción alguna, tanto públicas como privadas. En efecto, este revolucionario cambio tuvo el apoyo del entonces Presidente de la República Eduardo Frei Montalva, el voto de la mayoría de los parlamentarios y, sobre todo, el abrumador consenso de las comunidades universitarias; es decir, de sus profesores, estudiantes y personal de apoyo. No obstante conocerse ampliamente aquella voluntad mayoritaria, un grupo minoritario de estudiantes proveniente de la Universidad Católica (UC) liderado por Guzmán, se opuso a la reforma.
Para impedir la avalancha democrática que se venía encima en Chile y en todo el mundo, Guzmán organizó sus huestes ultra-conservadoras /Opus Dei y encabezo la toma a viva fuerza de la Casa Central de la UC, pero sólo unos días después los reformistas de la misma universidad la recuperaron y expulsaron de ella a los violentistas. Estudiantes y profesores de la UC y otras universidades de Santiago y de provincias organizaron luego un foro que tuvo lugar en la Escuela de Derecho de la UC. La Universidad de Chile-sede Iquique fue invitada a ese evento, y tuve el honor de representarla. Allí habló Guzmán, dándose a conocer como el líder del más irreductible conservadurismo político y religioso de esa época en Chile. Recuerdo partes de su discurso. En medio de las pifias que se ganó con su intervención (la mayor parte provenientes de estudiantes de la misma UC), calificó la reforma universitaria, entre otras denostaciones, como “un atentado al principio de autoridad” y, finalmente, “una maniobra del marxismo internacional y de la Democracia Cristiana.” No obstante, de aquel discurso lo que más conmovió a todos fue algo que sólo puede definirse como una amenaza: “Chile necesita una contrarreforma universitaria, y esa contrarreforma la conseguiremos un día.” ¿Cómo iba la ultraderecha a llevar a cabo esa contrarreforma si era minoría? Unos años después, luego del golpe de estado de 1973, Guzmán cumpliría su amenaza cuando se transformó en el primer consejero ideológico de la dictadura. Obtuvo del dictador rápidamente el bando militar que acabó con el co-gobierno universitario, y en su lugar impuso el régimen universitario que tenemos hoy; el de todas las universidades autoritarias, verticalizasen lo administrativo, pagadas y funcionando como empresas comerciales auto-sustentables, y, como resultado de ello, de dudosa o mala calidad, muy distintas a lo que eran las universidades chilenas en nuestra antigua democracia.
Hasta hoy sigue vigente la contrarreforma universitaria de Guzmán, impuesta al país por la dictadura luego de anularla reforma universitaria que había sido acordada institucional y democráticamente en democracia.
Sigamos conociendo a Guzmán. Era miembro de un pequeño grupo ultraconservador juvenil / Opus Dei muy activo en sus tiempos de estudiante secundario del aristocrático colegio santiaguino “Sagrados Corazones”, y luego de estudiante universitario dela Universidad Católica. Ese grupo era “Fiducia”, cuyo ídolo era el dictador fascista español Francisco Franco, aliado de Hitler y Mussolini. Guzmán también era miembro del Opus Dei (el sistema ideológico católico fundado por Escribá de Balaguer, que plantea, en caso extremo, el exterminio físico de los enemigos de la fe,” que no son otros que los militantes de la izquierda, aunque, ya muerto Escribá, sean hoy creyentes cristianos, lo que incluye a curas obreros y a sacerdotes y laicos que adhieren a la Teología de la Liberación.
Guzmán, llamado por la dictadura a integrar su consejo ideológico, muy pronto consiguió ser su principal miembro, y fue así como obtuvo la anuencia del dictador para hacer clases y dictar conferencias en la Escuela Militar; obviamente para aleccionar a los cadetes de manera exclusiva en su sistema ideológico. Aquí cabe preguntarse si tenemos una democracia segura y fuerte con una oficialidad militar aleccionada ideológica y políticamente de manera unilateral; mejor dicho aun, únicamente por agitadores políticos de ultraderecha como fue Guzmán.
Presentar a Guzmán como un hombre de paz, buen católico, y demócrata es una falsedad. Fue el más conspicuo ideólogo y consejero político de una dictadura reiteradamente declarada en su tiempo como violadora sistemática de los Derechos Humanos por todos los organismos internacionales ad hoc. Así las cosas, por lógica, Guzmán es co-responsable de sus crímenes. Mas, no sólo eso. Guzmán bloqueó toda iniciativa que abriera la posibilidad de conducir a Chile a la democracia, se aclarara la suerte que corrieron los detenidos desparecidos, se terminaran las torturas, se revisaran los “juicios de guerra” tras los cuales cientos de compatriotas fueron torturados, fusilados, encarcelados, desaparecidos y mandados al exilio. De esto que señalo sobran los ejemplos. Veamos:
Cuando después del golpe de 1973, por primera vez en Chile, se inició la discusión sobre temas tan clandestinos como democracia y libertad, Guzmán fue el más fuerte opositor a cualquier tipo de atenuación de la represión existente ya la restauración de la democracia.
Se opuso al “Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia” de 1985, que no fue convocado por la izquierda ni los demócrata-cristianos, sino por el Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor Juan Francisco Fresno; o sea, una iniciativa de la Iglesia Católica que tenía por único fin buscar una salida pacífica para Chile cuando arreciaban las protestas en las calles de Santiago y demás ciudades del país, con presos, muertos, heridos, manifestantes quemados luego de ser rociados con bencina (Rodrigo de Negri y Carmen Quintana), etc. En este principio de acuerdo participaron, además de representantes de la Iglesia, políticos de todos los partidos, como Ricardo Lagos, Gabriel Valdés y políticos de derecha como Andrés Allamand. Guzmán declaró abiertamente su oposición a este esfuerzo y terminó por boicotearlo. Repetía en esos mismos días:
Transformar nuestra dictadura en ‘dicta-blanda’ sería un error de consecuencias imprevisibles.
Al dictador le agradó tanto el neologismo “dicta-blanda” ideado por Guzmán que lo usó infinidad de veces como si fuera suyo en intervenciones públicas.
Sigo:
En la noche del plebiscito del 5 de octubre de 1988, cuando indesmentiblemente el gobierno dictatorial lo había perdido y dudaba en reconocerlo, Guzmán guardó un nervioso silencio unas horas, pero luego solicitó a Pinochet una reunión con el Alto Mando de las FF AA, para allí sugerir una acción militar. Esto fue revelado por militares activos en esa época. Guzmán, se mantuvo en esa postura hasta que Sergio Onofre Jarpa, ex -Ministro del Interior de la dictadura, reconoció públicamente el triunfo del NO en un foro en Canal 13 la misma noche de esa jornada, foro en el que participó Patricio Aylwin en calidad de portavoz oficial dela oposición a la dictadura.
Guzmán también se opuso a la débil reforma constitucional de 1989, acordada entre la derrotada dictadura y la Concertación, que sólo consistía en introducir a la Constitución de 1980 algunas reformas que debilitaban cierto articulado autoritario. Para el pueblo de Chile, ello podría ser el comienzo de lo que sería una verdadera constitución política para Chile, legal y gestada en democracia, puesto que sin esa reforma de 1978, los militares habrían tenido mayor poder en una futura democracia, porque los nueve senadores designados se enfrentaban a 26 elegidos (y no a 38, como lo establecía la reforma). Además, de no aprobarse esta reforma, a la que, repito, Guzmán se opuso públicamente sin éxito, las Fuerzas Armadas (en las que Guzmán basaba finalmente toda su fuerza) habrían tenido mayoría en el Consejo de Seguridad Nacional, y no en paridad cívico-militar, con el voto dirimente del Presidente de ese consejo. Era poco, pero sí una esperanza que finalmente no cristalizó en lo que quería y necesitaba el país, una nueva Constitución.
Volviendo a la interrogante si se justifica el asesinato de Guzmán, es preciso señalar que no sólo matar sino impulsar a otros a hacerlo conlleva el riesgo de ser matado. Por lo tanto, ese fue el riesgo que Jaime Guzmán, conscientemente, decidió correr. Ergo, su muerte es el lógico resultado de sus propias acciones. No obstante, desde el punto de vista netamente político, la muerte de Guzmán favoreció a la derecha, porque si viviese hoy, sería un Longueira, un Larraín, un Allamand o un Chadwick más, políticos ampliamente conocidos por su colaboración y apoyo a la dictadura y que hoy, para mantenerse vigentes, hacen todo lo posible por desligarse de sus crímenes. Además, la UDI obtuvo un símbolo muy importante, un mártir. Era lo que necesitaba. Así aparecía su fundador e inspirador político como víctima del “marxismo,” del “comunismo internacional,” y con ello, la UDI conseguía el empate en materia de crímenes.
Con su muerte, para el chileno común Guzmán es una víctima. Apenas terminó la dictadura, Guzmán se preocupó de lavar su imagen. Eligió a Longueira, Moreira, y otros cabecillas de la UDI para que constantemente declararan en la prensa y en la televisión que él había abogado ante la ex-DINA en favor de muchos presos políticos. Esto fue negado por Pinochet, el ex -miembro de la Junta el general Gustavo Leigh y, rotundamente, por el jefe de la CNI Manuel Contreras. Además, esta falsedad nunca fue reconocida como verdad por los ministros de Justicia de la dictadura ni por ningún funcionario civil o militar de los servicios de seguridad. Un hecho que muestra de modo realmente claro el grado extremo a que puede llegar la falta de escrúpulos en política, es la participación de Osvaldo Andrade, ex -presidente del Partido Socialista y uno de los más conocidos gestores de la “política de los acuerdos,” en un acto de homenaje a Guzmán organizado por la UDI. Andrade. En ese acto declaró que había sido “salvado” por Guzmán de ser arrestado por los aparatos de seguridad en los tiempos de la dictadura. El hecho es, por supuesto, absolutamente falso. Lo que no es falso son las andanzas de Andrade en materia de corrupción que protagonizó hace unos años.
En la actualidad, la hermana de Guzmán, también quiere lo imposible: limpiar la imagen política de su hermano, asegurando que Guzmán fue asesinado por orden de la DINA; o sea, por Pinochet. Esta aseveración sugiere que Guzmán pudo ser víctima de un régimen cuyo signo sanguinario, represivo y violento no niega ninguna persona seria. En verdad, cómo podría ser posible ello si, sólo por dar un ejemplo, fue Guzmán quien concibió y redactó la Ley General de Amnistía de 1978, anulada sólo hace unos años, cuyo fin era librar de castigo a los más abyectos asesinos de la dictadura. En suma, toda la gestión de Guzmán como consejero de la dictadura tuvo por doctrina el principio que no había que hacer de la dictadura una “dicta-blanda.
Vale la pena detenerse en esta ley de 1978, ya mencionada. Fue íntegramente concebida, propuesta a la dictadura y finalmente redactada por Guzmán. Con esa ley Guzmán salvaba de castigo a los peores asesinos del régimen, porque todavía regía formalmente en Chile la Constitución de 1925, según la cual esos asesinos debían ser arrestados y juzgados. Por lo tanto, Guzmán, abogado de profesión, sabía perfectamente que esta ley de amnistía no tenía ninguna validez tanto en virtud de las leyes vigentes en Chile en 1978, como las internacionales en tanto amnistiaba delitos cometidos por el Estado calificados como “delitos de lesa humanidad “consagrado en tratados internacionales que Chile había suscrito hasta esa fecha. Al respecto, cabe consignar, aunque es obvio, que la dictadura, con el objetivo de limpiar su imagen ante el mundo, nunca revocó haber suscrito esos tratados, incluso mientras se cometían los más atroces crímenes.
Según esos tratados, sus disposiciones están por sobre toda ley nacional; por lo tanto, al declarar que los delitos de Lesa Humanidad son imprescriptibles e inamnistiables, la “Ley de Amnistía” de 1978, era totalmente ilegal. Tenía que volver la democracia, aunque no íntegramente como quisiéramos, y que pasaran 40 años, para que esa ridícula aunque macabra ley fuese lanzada al tacho de la basura. Jaime Guzmán, como digo, en tanto abogado y académico, no podía desconocer la nula legalidad de su burdo invento; sin embargo, consiguió que, aun ante el escándalo internacional, los asesinos quedaran libres de polvo y paja y pudieran, incluso, continuar siendo miembros de las tres ramas de las FF AA, y, por lo tanto, anótese bien, seguir cometiendo crímenes.
Jaime Guzmán, como nadie ignora, es también, junto a otros seis ya fallecidos políticos de derecha, el autor de la Constitución de 1980. Locuaz primer vocero de la dictadura, proclamó por radio y televisión nacionales que había que “plebiscitarla” con la clara intención de ejecutar el conocido fraude que envolvió ese acto, en aquellos aciagos tiempos en que las libertades públicas estaban totalmente suspendidas. Sin embargo, el imprudente Guzmán, aunque debió guardárselo, declaró varias veces y sin ambages que la nueva constitución debía redactarse de tal modo que fuese imposible cambiarla.
Más todavía:
¿Se ha fijado el lector que cada vez que los dirigentes de la UDI se refieren a su fundador, lo hacen con el título de “senador”? Esto llama a otra reflexión.
A propósito de la constitución de 1980, esto de la senaduría de Guzmán, es un chiste, una paradoja grotesca. El anticomunista Guzmán copió literalmente de la Polonia de entonces el sistema binominal para la elección del Poder Legislativo. Este sistema fue, en efecto, un invento concebido por los comunistas polacos desde unos años antes de la caída del Muro de Berlín y el fin del socialismo real en Europa del Este, cuando éste ya era inminente. Al caer el Muro, se trataba de empatar a la oposición con el gobierno, cuyo jefe era el general Wojciech Jaruselsky. Jaruselsky aplicó el binominalismo sabiendo lo que hacía. Los comunistas eran minoría, y con este sistema el paso de la dictadura a la democracia no sería una paliza electoral demasiado fuerte. Lo interesante (tómenlo en cuenta los anticomunistas) es que pocos años después del empate que consiguió Jaruselsky, los comunistas polacos desahuciaron el sistema binominal y lo remplazaron por el proporcional que Polonia exhibe hoy, sistema propio de cualquier país realmente democrático. De manera que la treta electoral binominal de Jaruselsky fue programada para una sola elección, y nada más. Guzmán, por el contrario, luego de copiarlo, lo aplicó con el objetivo de establecer en Chile, en calidad de inmutable un anti-democrático empate político, y así impedir que la derecha pudiera ser derrotada electoralmente de manera definitiva, y con ello, que jamás pudiera el país darse una nueva constitución, auténticamente democrática que naturalmente haría de Chile un país diferente al que tenemos hoy. Esta inmutabilidad está aún garantizada por el sistema binominal de elecciones, que no ha desaparecido del todo. Sólo ha sido atenuado en los últimos años, no eliminado. Este es otro resultado de los amigables acuerdos de la clase política. Se maquilló el sistema binominal de Guzmán-Jaruselsky con nuevos distritajes y más parlamentarios, harto costosos, por lo demás. Así, se ha hecho creer a los chilenos que ahora tenemos un sistema proporcional de elecciones el que,repito, es propio de toda democracia. Todavía la elección del Parlamento se basa en votos por listas, y no por candidatos, y por cierto, en ninguna parte del mundo, donde hay que elegir dos senadores, gana el que alcanzó el tercer lugar. Este es exactamente el caso de la senaduría de Guzmán. Dicho con más claridad, Guzmán redactó una constitución no sólo que consagrara el orden político y económico aún vigente, sino una que le sirviese así mismo, asegurándole tramposamente su senaturía para cuando se acabara la dictadura. Calculó bien. En la elección parlamentaria de 1990, él sabía que no sería primero ni segundo, sino tercero, pero igual se convirtió en senador. Para, por fin, recabar este retrato de Jaime Guzmán, es preciso detenerse en actuaciones concretas suyas que lo muestran de cuerpo entero como un individuo de naturaleza no sólo políticamente autoritaria, sino desde el punto de vista psicológico, ético y humano, derechamente cruel y criminal. Por problemas de espacio, me referiré sólo a un caso, el de la ciudadana inglesa Sheila Cassidy.
Poco se sabe de este capítulo de nuestra historia, puesto que, primero, en Chile, cuando ocurrió en 1975, no había libertad; y segundo, hoy en el país los medios de comunicación masiva están controlados mayoritariamente por la derecha política. En 1975, visitaba Chile una dama inglesa de profesión médico, graduada en 1963 en Oxford, una de las universidades más importantes del mundo. Cuando visitaba Chile, en calidad de profesional laico-católica y activa servidora de su iglesia, prestó auxilio profesional a un perseguido político herido a bala. Lo hizo en una casa parroquial de la Iglesia. El herido era Nelson Gutiérrez, un dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que había llegado allí pidiendo auxilio. La casa era habitaba por unas monjas que también eran inglesas, y, por lo tanto, conocían a su compatriota Sheila Cassidy, que no vivía allí. La llamaron telefónicamente, para atender profesionalmente a un ser humano. Gutiérrez tenía dos balas en sus piernas disparadas por agentes de la dictadura, y aun herido, logró escapar de sus perseguidores y llegó a esa casa parroquial. Las heridas ya se estaban grangrenando cuando Sheila Cassidy le extrajo las balas. Horas después de la operación, Gutiérrez, no del todo curado, alcanzó a salir de esa casa poco antes que los esbirros de la dictadura llegaran allí. Irrumpieron en la casa y mataron a la asesora del hogar y cocinera chilena que allí trabajaba y luego capturaron a Sheila Cassidy. La embajada inglesa y el Cardenal Raúl Silva Henríquez, jefe máximo de la Iglesia Católica, pidieron de inmediato al gobierno su liberación, puesto que además de extranjera y católica, la mujer había curado a un hombre herido por razones sólo humanitarias. Pinochet dudó qué hacer, pero aquí aparece nuestro personaje. Guzmán, que siempre invocaba públicamente su condición de católico observante, se lanzó por radio y prensa contra el Cardenal, a la vez pidiendo al gobierno “investigar a fondo” el caso que involucraba a Sheila Cassidy, sabiendo perfectamente que ella ya estaba en las mazmorras de la DINA, y, por lo tanto, también sabiendo lo que allí le estaba sucediendo a la infortunada extranjera. El dictador, finalmente, oyó a su asesor, no al Cardenal ni a la embajada de Inglaterra, y la mujer médico, durante tres meses, fue sometida a las torturas más salvajes concebibles que se pueden practicar a una mujer, las mismas que sufrieron muchas de mujeres chilenas. Liberada en enero de 1976, merced a la presión económica que ejerció el gobierno inglés, Sheila Cassidy, en Europa, relató al mundo su horrenda experiencia en Chile, que luego describió en su libro “Audacity to Believe” (La audacia de creer). Al llegar a su país, la médico decidió hacerse monja, lo que es hasta hoy. El libro fue traducido del inglés a todos los idiomas europeos y fue ampliamente difundido en Europa y Estados Unidos.
En ese libro, que los udistasy admiradores de Pinochet y Guzmán debieran leer, ha quedado consignada para siempre la infame y canallesca actuación de Guzmán, quien aun siendo católico y primer consejero del dictador, no hizo absolutamente nada por la liberación de aquella médico inglesa.
Pero hay más todavía sobre este caso:
En sus primeras intervenciones radiales sobre el caso, Guzmán sostuvo que los Derechos Humanos están subordinados a los intereses superiores del Estado. Esta visión contradice el fondo ideológico no sólo de toda democracia, sino la doctrina canónico-teológica y social de la Iglesia Católica, que considera que los Derechos Humanos son superiores al Estado. Guzmán, con anterioridad, ya había criticado frecuente y públicamente a la Iglesia y al Cardenal Silva Henríquez por haber creado la Vicaría de la Solidaridad, instrumento fundado por la Iglesia para defender a los perseguidos y presos políticos, además de atender económicamente a sus viudas, esposas e hijos. Criticó también la presencia de curas de la Vicaría en las cárceles y campos de concentración, que promovían iniciativas de trabajo para las presas y presos políticos. Incluso, hasta consiguió el arresto de varios de ellos, como el presbítero Luis Gajardo, un cura que fue salvajemente torturado, encarcelado y expulsado del país, siendo chileno. Este odio y fanatismo político de Guzmán que culminó en el caso Cassidy, puso definitivamente de frente al Cardenal y a Guzmán. Hasta Mónica Madariaga, la Ministra de Justicia y de Educación de la dictadura, públicamente llamó a Guzmán a “guardar respeto a nuestro Pastor.” No sirvió de nada, y así, fue el caso de Sheila Cassidy lo que terminó con la paciencia del Cardenal, quien ordenó a Guzmán, en su calidad de católico observante, a retractarse de sus ataques a él, jefe supremo de la Iglesia Católica de Chile, nominado directa y personalmente por el Papa, el Vicario de Cristo en el tierra, so pena de ex –comunión. Silva Henríquez dio a Guzmán un plazo de 24 horas para realizar su retractación. Guzmán, abrumado, debió retractarse públicamente, lo que hizo en una brevísima nota aparecida en una perdida página final del fiel pasquín de la dictadura, el diario “La Tercera” cuando ya mediaba el año 1975.
Saber quién realmente era Guzmán es clave en la comprensión de su muerte, como también aquilatar bien el fondo ideológico de los corifeos de la ultra –derecha chilena, muchos de ellos ex-colaboradores directos de la dictadura que encabezó Pinochet. Por supuesto, no tienen derecho moral para levantar ahora la voz y hablar de justicia sobre la muerte de Guzmán.
Resumo el espíritu de este artículo: Guzmán fue víctima natural de la política de terror y muerte que impuso en Chile un sanguinario régimen dictatorial, del cual él, personalmente y a conciencia plena, fue su principal consejero ideológico y político. Su muerte, como la de Claudio dela tragedia Hamlet, es sólo resultado de su personal, y a toda conciencia, actuación criminal bajo la égida de una de las dictaduras más crueles que ha conocido la Humanidad.
Iquique, abril 2021
Lo subrayado es nuestro.