Matar, expulsar y ocupar, el proyecto para Gaza que Ben Gvir ya defiende desde el régimen sionista colonialista israelí
Por Clara Montealba /escritora, comunicadora social, analista internacional/Diario Sabemos/Other News/ADDHEE.ONG:
Cuando el ministro nazisionista israelí Gvir reclama matar – entiéndase “el matar” por asesinar, semánticamente – cada noche a decenas de palestinos, expulsar población y reconstruir asentamientos en Gaza, una retórica de deshumanización pronunciada desde el interior del Ejecutivo de Netanyahu.
Hay palabras que en política internacional no pueden despacharse como una provocación verbal, una extravagancia personal o el exceso calculado de un dirigente radical. Cuando el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, propone asesinar de forma selectiva a entre 30 y 40 personas cada noche en Gaza, la gravedad no reside únicamente en la brutalidad de la frase. Reside también en el lugar desde el que se pronuncia.
Ben Gvir forma parte del Gobierno de Benjamin Netanyahu. Supervisa la Policía y el sistema penitenciario israelí y representa una de las expresiones más radicales de una extrema derecha que ha dejado de ocupar los márgenes de la política del país para instalarse en su Consejo de Ministros. Sus últimas declaraciones permiten comprobar hasta qué punto determinadas ideas que hace años habrían resultado difícilmente asumibles en el discurso institucional israelí han adquirido carta de naturaleza dentro del poder.
El ministro defendió en una conversación con Rom Braslavski, antiguo rehén en Gaza, que Israel debería efectuar ataques selectivos cada noche y acabar con entre 30 y 40 personas. Fue todavía más lejos al sostener que no se refería exclusivamente a quienes representasen una amenaza inmediata y al negar, en términos deshumanizadores, el derecho a la vida de otras personas en la Franja.
La deshumanización no constituye aquí un detalle retórico. Es el presupuesto necesario para convertir la muerte de seres humanos en una cifra administrativa. Treinta hoy, cuarenta mañana. Una cantidad expresada con la frialdad de quien establece un objetivo de producción.
La propuesta adquiere una dimensión todavía más grave cuando se acompaña del resto del proyecto defendido por Ben Gvir. El dirigente nazisionista ultraderechista reclama la reconstrucción de asentamientos israelíes en Gaza, desmantelados en 2005, y vuelve a plantear la salida masiva de palestinos del territorio. En la misma intervención sostuvo que considera Gaza territorio israelí y defendió fomentar la emigración de su población.
Las tres ideas forman una secuencia política que conviene observar conjuntamente. Asesinar, expulsar y ocupar. Reducidas a su significado material, las palabras del ministro dibujan un proyecto para Gaza en el que una población pierde primero su condición humana, después su derecho a permanecer en su tierra y finalmente la propia tierra.
Ben Gvir no dirige el Ejército israelí y, por tanto, sus palabras no constituyen una orden militar. Esa precisión resulta indispensable. También lo es recordar que sus planteamientos han chocado en esta ocasión con la reducción de las operaciones militares impulsada por Netanyahu ante la presión internacional para avanzar en el plan estadounidense sobre Gaza. El ministro reprocha precisamente al primer ministro haber rebajado la intensidad de los ataques.
Pero limitar el análisis a las competencias formales de Ben Gvir sería perder una parte fundamental del problema. Quien habla no es un activista situado fuera del sistema, sino un ministro de uno de los regímenes más ultraderechistas de la historia de Israel.
Su trayectoria tampoco comenzó con la guerra. Ben Gvir fue condenado en 2007 por incitación al racismo y apoyo a una organización terrorista. Durante años estuvo situado en los márgenes de la política israelí por su vinculación ideológica con el kahanismo, hasta que el desplazamiento del sistema político hacia la derecha radical terminó convirtiéndolo en una pieza necesaria para las mayorías de Netanyahu.
Ese recorrido explica mejor que cualquier discurso la transformación experimentada por Israel. El problema ya no consiste únicamente en la existencia de una extrema derecha radical, fenómeno presente en numerosas democracias. La cuestión es qué sucede cuando esa extrema derecha deja de presionar al Gobierno desde fuera y obtiene capacidad institucional para condicionarlo desde dentro. Gaza ofrece la respuesta más dolorosa.
Las autoridades sanitarias de la Franja sitúan ya por encima de 73.000 el número de palestinos muertos desde el comienzo de la ofensiva israelí posterior a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Las Naciones Unidas recogían ya el 10 de junio 72.991 fallecidos comunicados por el Ministerio de Salud de Gaza y más de 173.000 heridos, precisando que las cifras más recientes todavía no habían sido verificadas individualmente por la organización.
Los crímenes cometidos por Hamás aquel 7 de octubre, con alrededor de 1.200 muertos y 251 personas tomadas como rehenes, forman parte indispensable del origen de esta guerra y no admiten relativización alguna. Pero ningún crimen concede a un Estado un derecho ilimitado sobre la población civil del territorio desde el que fue atacado, ni convierte en aceptable la idea de establecer cuotas de personas que deberían morir cada noche. Ahí reside una frontera moral y jurídica que la comunidad internacional lleva demasiado tiempo viendo erosionarse.
Las declaraciones de Ben Gvir resultan especialmente relevantes porque la retórica de dirigentes israelíes ya ha aparecido en el debate jurídico internacional sobre Gaza. Associated Press recuerda que anteriores expresiones del ministro han sido utilizadas ante la Corte Internacional de Justicia como elementos relacionados con las acusaciones de intención genocida, unas acusaciones que Israel rechaza.
Por eso sería un error tratar estas palabras como otra salida de tono destinada al consumo de una base electoral ultranacionalista. Israel celebrará elecciones legislativas en octubre y la derecha radical compite también por definir qué debe significar la victoria después de años de guerra. Ben Gvir ofrece una respuesta extraordinariamente explícita. Su Gaza futura tendría menos palestinos y más asentamientos israelíes.
La responsabilidad última, sin embargo, no termina en Ben Gvir. Netanyahu lleva años dependiendo políticamente de fuerzas que han convertido la anexión territorial, el desplazamiento de palestinos y el rechazo de un Estado palestino en elementos centrales de su proyecto. Presentar después a esos dirigentes como cuerpos extraños al Gobierno permite eludir la cuestión esencial de quién les ha proporcionado poder.
La comunidad internacional tampoco puede fingir sorpresa cada vez que uno de ellos formula con crudeza aquello que lleva tiempo defendiendo. Los gobiernos democráticos poseen instrumentos diplomáticos, comerciales y políticos para señalar los límites que consideran incompatibles con el derecho internacional. La relación con Israel no puede consistir en expresar preocupación ante cada nueva declaración y recuperar después la normalidad hasta la siguiente.
Porque algo se deteriora profundamente cuando un ministro puede hablar de asesinar seres humanos por decenas, negarles su condición de personas y reclamar después la tierra en la que viven. El lenguaje no sustituye a las bombas, pero puede preparar el terreno moral para que resulten más fáciles de lanzar.
Cisjordania y el colonialismo de asentamiento acelerado
Por profesora Gianna Rosciolesi/ escritora, periodista y analista internacional/ADDHEE.ONG:
Prolegómeno: Desastroso aumento de los huérfanos en Gaza
Según el ministerio de Sanidad de Gaza, más de 50 mil niños vieron asesinar a sus padres por el fuego israelí, mientras que a 6 mil les asesinaron a sus madres y, cerca de 3 mil perdieron a ambos progenitores, con un total de 60 mil 737 menores gazatíes sin madre o sin padre. Todo ello, producto del genocidio provocado por las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, en el transcurso del periodo comprendido entre octubre del 2023 a la fecha. Desde otra dimensión, 2.276 núcleos familiares fueron aniquilados totalmente.
Las horrendas cifras, demuestran que la política de exterminio del régimen sionista colonialista israelí, pasa por el sistemático infanticidio, que no se refiere solo a la muerte de niños, sino que también a la degradación de la vida de quienes sobreviven, ya sea con el desproporcionado aumento de la orfandad, como en la destrucción del sistema educativo y, especialmente, de la infraestructura de enseñanza. Se trata de aniquilar el futuro de una nación ante los ojos de todo el mundo, con regímenes que prefieren refugiarse en cálculos y conveniencias, evitando comprometerse con una solución humanitaria.
Mientras la atención internacional permanece centrada en Gaza, Cisjordania atraviesa una aceleración de la expansión de los asentamientos, las operaciones militares y el desplazamiento de comunidades palestinas.
El viernes 24 de julio un grupo de colonos ingresó a la aldea de Til, una zona restringida de la ocupación israelí, con la intención de atacar el pueblo administrado por la Autoridad Palestina (AP).
Luego de que un grupo de residentes autóctonos saliera en defensa ante la ofensiva sionista, un tiroteo terminó con la vida de cuatro palestinos y dos israelíes.
A la siguiente noche, un nuevo grupo de colonos extremistas atacó otras aldeas palestinas vecinas llegando a incendiar dos mezquitas, quemar vehículos y destruir campos de cultivo.
En respuesta, el régimen de Benjamin Netanyahu desplegó una operación militar masiva con redadas en Nablus y Til, confiscando viviendas, destruyendo los históricos árboles de Olivo e instalando puestos de control en la zona, que legalmente corresponde a la administración de seguridad palestina.
Varios políticos israelíes movilizaron a la opinión pública en torno a la narrativa de que los colonos fueron asesinados en un “ataque terrorista” palestino contra “excursionistas” israelíes: de esta forma, el Estado de ocupación esconde una acción militar que tiene como fin la ocupación total de la zona de Cisjordania.
Esta redada reavivó el debate de la formalización de la colonización sionista sobre el territorio Este Palestino, al mismo tiempo que mantiene activa su ofensiva en el Oeste (en Gaza) y delimita nuevas líneas fronterizas, las cuales desestiman la presencia de una gobernación palestina en el territorio histórico.
Colonialismo de asentamiento
La narrativa dominante ha incitado a construir un argumento de separación de las acciones de los colonos israelíes en Cisjordania de las del régimen israelí. Sin embargo, ambos procesos son parte de un mismo plan sistemático de ocupación que tiene como objetivo trasladar la población palestina.
Desde el plan Alón de 1967, el Estado sionista construyó una serie de directrices que comandaron la estrategia de expulsión de los palestinos cisjordanos, que hasta el día de hoy se mantienen vigentes.
El Plan Alón, impulsado luego de la Guerra de los Seis Días, fue una política de asentamiento propuesta por el primer ministro israelí de ese momento, Yigal Alón. Con el objetivo de estructurar las acciones militares del ejército y la anexión de zonas estratégicas clave, se llevó adelante un plan de repartición de Cisjordania que evitaba la conglomeración de población palestina en la zona demográfica que se anexaría el gobierno israelí.
El Plan proponía:
– La anexión israelí del Valle de Jordán, Jerusalén Este y el Bloque E tzion (asentamiento de Ma’ale Adumim).
– Ceder al control del Reino jordano el resto de Cisjordania, reorganizándolo como un territorio palestino controlado por Amán.
– La devolución de la Península del Sinaí a Egipto, que se encontraba en manos de Israel luego de la guerra de los Seis Días en 1967
– La creación de un estado autónomo druso en los Altos del Golán, que también había ocupado Israel en la reciente contienda.
Sin embargo, Jordania rechazó la administración de Cisjordania (y luego renunció a su reclamo territorial) y el plan quedó obsoleto, aunque sirvió de base para una nueva construcción territorial de la región.
Para la década del 80, época en la que estalló la Primera Intifada Palestina, la estructura estatal de Cisjordania estaba articulada bajo la organización de partidos políticos, comités locales, sindicatos de agricultores, asociaciones de mujeres y organizaciones de asistencia jurídica, que funcionaban como sustitutos de los organismos administrativos de la ocupación que gobernaban a los cisjordanos.
Estos grupos informales, que funcionaban en su mayoría bajo el respaldo de la OLP con el liderazgo de Yasser Arafat, permitieron disminuir el control israelí sobre la vida de la población.
Para 1993 y bajo el auspicio de los Acuerdos de Oslo, se implementó finalmente la figura de la Autoridad Palestina. El organismo accedió a construir un autogobierno limitado en Cisjordania dividido en tres zonas:
– La Zona A, que comprende aproximadamente el 18% de Cisjordania y alberga los principales centros urbanos, bajo la AP.
– La Zona B, el 22% rural donde se ubican la mayoría de los pueblos y ciudades. Se estructuró bajo el control civil palestino, pero con el control militar israelí.
– La Zona C, el 60% restante, quedó bajo el total control civil y militar israelí.
En ese sentido, la distribución desigual del territorio dio por un lado el reconocimiento del Estado israelí a la administración palestina, mientras que por el otro el gobierno árabe desintegró la construcción de fuerza ciudadana que le había permitido deslegitimar a la autoridad israelí en el territorio.
Para 2002, en medio del proceso de la Segunda Intifada Palestina, el gobierno de Ariel Sharon construyó un muro de separación que penetró dentro de Cisjordania. Más del 80% de su recorrido no siguió la Línea Verde del plan de partición de 1947, sino que separó las comunidades palestinas de sus tierras agrícolas y de Jerusalén Este.
El proyecto decisivo de ocupación se expropió a la voz pública en 2015, cuando el legislador de extrema derecha Bezalel Smotrich, propuso un plan de anexión total de Cisjordania.
El plan preveía la consolidación de la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania mediante la reducción del espacio habitable palestino a enclaves urbanos aislados, especialmente en la Zona A, al tiempo que impulsaba el desplazamiento gradual de la población de las zonas B y C a través del agravamiento deliberado de sus condiciones de vida, construyendo una narrativa de expulsión presentada como “voluntaria“.
En agosto de 2025, Smotrich llevó adelante la legislación a través de la Knesset del Proyecto E1. Este plan consiste en la construcción de más de 3.400 viviendas al este de Jerusalén, con el objetivo de unir el asentamiento de Ma’ale Adumim con Jerusalén Este (que pertenece a la AP).
La habilitación de esta infraestructura dividiría a Cisjordania en dos partes, fragmentando aún más el territorio para los palestinos.
El movimiento de colonos se consolidó como uno de los principales instrumentos para la ejecución de este proyecto. Desde al menos 2020, la expansión de nuevos asentamientos en Cisjordania ha contado con financiamiento, respaldo político y facilidades administrativas por parte del régimen israelí. En ese contexto, la violencia ejercida por los colonos se intensificó provocando, especialmente desde octubre de 2023, el desplazamiento forzado y la desaparición de comunidades rurales palestinas enteras.
El movimiento de colonos como política de Estado
La construcción de mensajes determinantes y violentos de la autoridad máxima de un Estado, repercute en la ciudadanía como un estímulo de proyección de pensamientos alineados con ese mensaje. La figura del régimen sionista, aserverando la necesidad de expulsar a los palestinos de Cisjordania bajo cualquier estrategia, se volvió una doctrina de Estado, pero también una tradición casi folklórica de los colonos.
El 26 de febrero de 2023 un residente cisjordano de Huwara respondió a la violencia acumulada, a las restricciones a su libertad y la persecución militar, asesinando a dos hermanos israelíes que ocupaban un asentamiento israelí en Cisjordania.
En respuesta, más de 400 colonos israelíes asaltaron la localidad palestina armados con cuchillos y armas de fuego destruyendo propiedades, campos, martirizando a un palestino y dejando heridos a otros 300. La escena de las viviendas y los vehículos incendiados enmarcó la magnitud de lo que ataques de un grupo de ciudadanos podría provocar.
Antes de octubre de 2023, la mayor parte de la violencia de los colonos se limitaba a la Zona C (la que posee control administrativo y militar israelí). Actualmente se han vuelto casi diarios los ataques contra la Zona B, mientras que Tel Aviv estableció el mes pasado una base militar dentro de la Zona A por primera vez en dos décadas.
Luego de los hechos de octubre de 2023 en Gaza, el primer ministro Netanyahu ha llamado a los colonos del este palestino ocupado a realizar campañas de “venganza” y castigo colectivo contra las comunidades palestinas, provocando el desplazamiento forzoso de alrededor de 1.000 residentes a tan solo un mes de los hechos del 7 de octubre.
Desde entonces, el ejército israelí asaltó también los campos de refugiados de Jenin, Tulkarem y Nur Shams, desplazando a más de 40.000 palestinos.
Estas incitaciones continuaron escalando, llegando a los sucesos de la aldea de Til, al sur de Nablus.
En ese contexto, Smotrich —quien actualmente dirige la Administración Civil que gobierna la vida palestina en Cisjordania— afirmó que los palestinos de las aldeas cercanas a Nablus deberían correr la misma suerte que los de Jenin y Tulkarem. De esta manera se proyecta el plan de desalojo de esos campos por parte de Israel como un modelo para despoblar las zonas rurales de Cisjordania.
La situación de los palestinos
Mientras tanto, la Autoridad Palestina ha perdido su influencia a lo largo de los años, especialmente luego del asesinato del histórico líder Arafat en 2004, y con las pérdida de la gobernanza en Gaza bajo la administración de Hamas —que ganó las elecciones en 2006 y la AP no reconoció.
La AP, bajo el liderazgo de Mahmoud Abbas, mantiene una estrategia basada en las negociaciones y la coordinación en materia de seguridad con Tel Aviv, al tiempo que Hamas construyó su propia historia de Resistencia en la Franja.
La comunidad palestina de Cisjordania enfrenta una ofensiva integral que combina el estrangulamiento económico, la persecución de las estructuras de organización comunitaria, la fragmentación del liderazgo político y la profundización de las operaciones militares israelíes junto con el recrudecimiento de la violencia ejercida por los colonos.
Tras 1967, Israel impulsó una serie de políticas orientadas a subordinar la economía palestina a sus propias necesidades, un proceso que los Acuerdos de Oslo de 1993 terminaron por institucionalizar mediante un esquema económico que consolidó la dependencia financiera, comercial y laboral de los territorios palestinos.
La destrucción progresiva de la base productiva palestina desde la Segunda Intifada, limitó las posibilidades de un desarrollo económico autónomo.
Esta estructura de dependencia se profundizó con la fuerte inserción de la mano de obra palestina en el mercado laboral israelí y con la creciente dependencia de la Autoridad Palestina respecto de la financiación internacional y de los ingresos fiscales recaudados por Israel en virtud de los protocolos económicos establecidos durante la etapa de Oslo.
Tras el 7 de octubre de 2023, Israel revocó los permisos laborales de cientos de miles de trabajadores palestinos, dejando a cerca de 200.000 personas sin empleo de forma inmediata. Paralelamente, la retención de los ingresos aduaneros —que representan más del 60 % del presupuesto de la Autoridad Palestina— profundizó una crisis fiscal que afecta directamente el funcionamiento de los servicios públicos, particularmente los sistemas de educación y salud.
A esto se suman las restricciones a la circulación, la proliferación de puestos de control, las incursiones militares y los obstáculos al comercio que han alterado el funcionamiento de los mercados internos, dificultando tanto el traslado de trabajadores como la circulación de mercancías.
Según estimaciones del Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el desempleo en Cisjordania se duplicó durante el cuarto trimestre de 2023, alcanzando un 29 % desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza. La pérdida del empleo en Israel, sumada a las restricciones de movilidad dentro del propio territorio palestino, incrementó la competencia por los puestos de trabajo disponibles y favoreció una caída de los salarios diarios, configurando un mercado laboral marcado por la precarización y la explotación. Las pérdidas de ingresos para los trabajadores de Cisjordania ascienden a 12,8 millones de dólares diarios, situación que ha impulsado un aumento sostenido de la pobreza y la desigualdad.
Por otra parte, las cárceles israelíes funcionan en el marco de sistema de colonización y eliminación de los palestino. Según cifras recientes, el número de cisjordanos detenidos por las fuerzas de ocupación desde 2023 ha alcanzado un número de 6.500. A esto hay que sumar las decenas de personas detenidas en los territorios desde 1948.
Los confinados, sobreviven a situaciones de tortura y condiciones extremedamente deshumanizantes. Las medidas intencionales del Servicios Penitenciario Israelí incluyen someterlos a espacios restringidos, cortarles el acceso al agua y el alimento, obstaculizarles la atención médica y el derecho a recibir visitas. Además de prácticas de abuso y violencia dentro de las cárceles, que luego se ven reflejadas en la represiones que realiza el ejército en los espacios “libres” de Palestina.
Los acontecimientos de Til condensan una dinámica que atraviesa el plan de anexión de Cisjordania, a partir de la combinación entre violencia ejercida por colonos, el respaldo institucional, ofensivas militares y transformación territorial. Estos elementos responden a una estrategia que busca consolidar el control israelí sobre el territorio mediante la fragmentación de la sociedad palestina y la expansión permanente de los asentamientos.
Cada nuevo asentamiento, cada comunidad desplazada y cada kilómetro de territorio anexado a la administración sionista alteran de manera definitiva la geografía política de Palestina.
Son los ciudadanos quienes sufren las consecuencias con la destrucción de sus aldeas, de sus campos que funcionan como casi único medio de abastecimiento y el constante hostigamiento a su vida diaria.
El mundo mira hacia Gaza, pero la ofensiva sionista sobre Palestina se despliega en dos escenarios con lógicas distintas. Mientras en la Franja predomina la destrucción militar directa, en Cisjordania la ocupación se profundiza mediante la colonización del territorio, la violencia de los colonos y la reorganización progresiva del mapa palestino.
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