Demandan al régimen Trump por sanciones contra Francesca Albanese tras denunciar a Israel por genocidio…
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Familia de Albanese presenta querella ante tribunal de EE.UU. y sostiene que las sanciones de la Casa Blanca violan derechos protegidos por la Constitución.
El marido de Albanese y su hijo menor de edad destacaron el grave impacto que esas sanciones han tenido en la vida y el trabajo de la familia.
La familia de Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos, presentó una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump por las sanciones impuestas en su contra tras sus reiteradas denuncias sobre lo que ha calificado como genocidio de Israel en Gaza.
Desde octubre de 2023 a la fecha, la ocupación israelí asesinó a 72.082 civiles —en su mayoría mujeres y niños— e hirió a 171.761, a través de una campaña brutal de bombardeos e invasión que destruyó casi en su totalidad la infraestructura de ese territorio palestino.
La acción judicial fue interpuesta ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia por el esposo de Albanese, Massimiliano Cali, economista del Banco Mundial, en representación propia, de Albanese y de su hija —ciudadana estadounidense—. La demanda sostiene que las sanciones vulneran derechos constitucionales protegidos por la Primera, Cuarta y Quinta Enmiendas, además de constituir una incautación indebida de bienes sin el debido proceso.
El escrito judicial argumenta que las declaraciones públicas y los informes de Albanese sobre el conflicto israelí-palestino y el trabajo de la Corte Penal Internacional constituyen “actividad central protegida por la Primera Enmienda”. En ese sentido, la demanda plantea una cuestión de fondo: si el Ejecutivo puede sancionar a una funcionaria internacional por el contenido de sus opiniones y conclusiones jurídicas en el cumplimiento de sus funciones…
Las sanciones, impuestas en julio pasado, incluyeron la congelación de activos en Estados Unidos y la prohibición de ingreso al país. La Administración Trump sostuvo entonces que Albanese era “no apta” para su cargo y la acusó de llevar a cabo actividades “sesgadas y maliciosas” contra Estados Unidos e Israel.
El litigio subraya el impacto personal y familiar de las medidas, señalando que Albanese posee bienes en Washington y mantiene vínculos residenciales en el país. “En el fondo, este caso trata sobre si los demandados pueden arruinar la vida de una persona y la de sus seres queridos porque no están de acuerdo con sus recomendaciones o temen su capacidad de persuasión”, sostiene la presentación.
Desde octubre de 2023, Albanese ha emitido tres informes en el marco de su mandato ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, calificando la ofensiva israelí en Gaza como genocidio y denunciando la complicidad de actores estatales y privados en el sostenimiento del conflicto. En uno de sus reportes más recientes, titulado Gaza Genocide: A Collective Crime, acusó a decenas de Estados de facilitar violaciones al derecho internacional.
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La controversia se intensificó cuando la Corte Penal Internacional, tras considerar recomendaciones de expertos —entre ellos Albanese—, emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Israel y Estados Unidos han rechazado categóricamente la acusación de genocidio.
En paralelo, la Administración Trump amplió su política de sanciones contra magistrados y fiscales de la CPI que participaron en investigaciones relacionadas con Israel y Estados Unidos, lo que ha sido interpretado por organizaciones de derechos humanos como un intento de disuadir la acción judicial internacional.
En declaraciones posteriores a la imposición de sanciones, afirmó haber sufrido “enormes dificultades”, pero reiteró su compromiso con su labor: “Mi compromiso con la justicia es más importante que los intereses personales”.
El régimen estadounidense y el Departamento de Estado no han ofrecido comentarios sustantivos sobre el litigio en curso. El proceso judicial podría sentar un precedente relevante sobre los límites del poder sancionatorio del Ejecutivo frente a expresiones y actuaciones vinculadas al derecho internacional de los derechos humanos.
Lo subrayado/interpolado es nuestro.
