


Prolegómenos:
“Sí nuestro desgraciado planeta estuviera gobernado por seres humanos con la personalidad, el coraje y arresto de la señora Francesca Albanese, podríamos vivir en Paz, “fundada en la justicia social donde seriamos socialmente iguales, humanamente diferentes, y totalmente libres”, sin las lacras del sistema capitalista determinista globalizado que impone la oligarquía empresarial, plutócrata, estadounidense, dueña de la celestina universal/el dólar , la IA y el narcotráfico.
Con esperanza y memoria, otro mundo es posible, “no afectemos lo habitual como cosa natural, pues en tiempos de confusión generalizada de arbitrariedad conscientemente deshumanizada, corrupción, impunidad, narcotráfico y malditas guerras imperialistas, nada es imposible cambiar con dignidad y coraje ciudadanos, y con amor por la vida, valores destacados en la personalidad de esta ejemplar funcionaria del Naciones Unidas, señora Francesca Albanese…
Prof. Moreno Peralta/IWA
Secretario Ejecutivo ADDHEE.ONG

Con esta decisión, quedan sin efecto las restricciones financieras en su contra y se revoca también la prohibición que le impedía ingresar a territorio estadounidense.
Las sanciones buscaban obstaculizar su labor dentro del sistema de Naciones Unidas.
El Gobierno de Estados Unidos decidió levantar este miércoles las sanciones que pesaban sobre la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, apenas una semana después de que un tribunal federal en Washington suspendiera de forma temporal dichas medidas adoptadas en 2025 por la Administración del presidente Donald Trump.
La actualización fue publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que retiró el nombre de Albanese de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). Con esta decisión, quedan sin efecto las restricciones financieras en su contra y se revoca también la prohibición que le impedía ingresar a territorio estadounidense.
La resolución llega tras el fallo del juez federal Richard Leon, quien bloqueó de manera provisional las sanciones al considerar que estas “probablemente” vulneraban el derecho a la libertad de expresión de la funcionaria de la ONU, en el contexto de sus críticas al exterminio de la entidad sionista colonialista en la Franja de Gaza y Cisjordania.
Desde octubre de 2023 a la fecha, la ocupación israelí asesinó a 72.775 palestinos en la Franja de Gaza, en su mayoría mujeres, niños y adultos mayores, y provocó heridas a otros 172.750. Aunque el 11 de octubre de 2025 entró en vigor un segundo alto el fuego, las constantes violaciones de esa tregua y los crímenes israelíes provocaron desde entonces 883 muertes y 2.648 lesionados.
El magistrado actuó a raíz de una demanda presentada en febrero por familiares de Albanese, que alegaron que las medidas fueron impuestas como represalia por las denuncias hechas por la relatora sobre las violaciones de DD.HH. en los territorios palestinos ocupados.
En su decisión, el magistrado sostuvo que la Administración Trump intentó sancionar a la experta por el contenido de sus declaraciones, vinculadas además a recomendaciones dirigidas a la Corte Penal Internacional para que evalúe posibles órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant.
La defensa de la señora Albanese argumentó previamente que las medidas coercitivas buscaban obstaculizar su labor dentro del sistema de Naciones Unidas, afirmación que ella misma reiteró al señalar que las medidas estaban “calculadas para debilitar su misión”.
La relatora, en funciones desde mayo de 2022, celebró la suspensión judicial y agradeció públicamente el apoyo de su familia y de quienes la respaldaron durante el proceso.
Las sanciones fueron impuestas en julio después de la publicación de un informe en el que la señora Albanese denunciaba la posible complicidad de 48 empresas internacionales en la guerra genocida contra Gaza, entre ellas compañías tecnológicas estadounidenses como Microsoft, Alphabet y Amazon.
En los últimos meses, la Administración Trump ha recurrido en varias ocasiones a medidas punitivas contra activistas y expertos vinculados a la causa palestina, incluyendo sanciones recientes contra participantes en flotillas humanitarias y acciones contra funcionarios de la Corte Penal Internacional por investigaciones relacionadas con el genocidio en Gaza y Cisjordania.
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