Operación Cóndor del siglo XXI: del terrorista dictador Pinochet al Escudo de las Américas de Kast y la ofensiva punitiva contra el Pueblo Mapuche

Reproducimos a continuación una columna de Roberto Oyarzún Susñar, Observador internacional Terre et Liberté pour l’Arauco (Francia) / Sozialer Kulturverein Dortmund Nord e.V (Alemania) / Offenes Zentrum (Alemania), sobre el Escudo de las Américas y sus nefastas implicancias hacia el Pueblo Mapuche.

Tribuna abierta/Other News/ADDHEE.ONG:

La formalización de la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, liderada por el régimen de José Antonio Kast y ejecutada en la agenda interna por su ministro de Seguridad, Martín Arrau, ha encendido las alarmas en el debate político latinoamericano…

Más allá de presentarse como una red de cooperación técnica contra el crimen transnacional, la naturaleza de este pacto y su aplicación en la Macrozona Sur configuran un hito de alta gravedad: el retorno del Estado chileno a prácticas de coalición punitiva con subordinación extranjera, replicando la lógica estructural que caracterizó a la Operación Cóndor bajo la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet…

El bloque funciona de manera explícita como un acuerdo estratégico entre regímenes de extrema derecha y ultraderecha en la región, donde el Pueblo Mapuche se erige como la principal víctima de este renovado engranaje represivo.

Este informe desglosa las implicancias de esta iniciativa, el rol del ministro Arrau en su defensa, las razones del rechazo de las potencias regionales, la contradicción directa con el andamiaje del derecho internacional y la grave situación de vulnerabilidad de las comunidades ancestrales bajo este nuevo esquema.

1. El Fundamento Histórico: La Actualización de la Lógica de Pinochet:

La gravedad del Escudo de las Américas radica en que revive el diseño doctrinario de las alianzas represivas del siglo XX. Aunque las autoridades defienden que opera bajo un marco democrático y voluntario, analistas y sectores críticos advierten una preocupante continuidad histórica con los métodos de la dictadura cívico militar:

* La Tutela Ideológica de Estados Unidos: Al igual que en los años 70, cuando la dictadura cívico militar de Pinochet integró redes de inteligencia coordinadas e impulsadas bajo la influencia geopolítica de Estados Unidos, el actual Ejecutivo subordina la estrategia de seguridad nacional a una coalición diseñada por la administración de Donald Trump.

* La Doctrina del Enemigo Interno: El principio articulador de la Operación Cóndor era la persecución transfronteriza del «subversivo marxista».

El Escudo de las Américas actualiza este concepto bajo la etiqueta del «narcoterrorismo».

Esta mutación conceptual permite homologar fenómenos delictivos globales (como los grandes cárteles de la droga) con expresiones locales de resistencia política, territorial o étnica, despojando a estas últimas de su carácter social para abordarlas únicamente mediante el castigo penal y militar.

* La Centralización de la Inteligencia: El pacto reactiva el intercambio de datos sensibles, sistemas de análisis digital e interceptación tecnológica controlados por agencias externas, centralizando la información para vigilar y Fluxes de forma coordinada a los grupos calificados como amenazas dentro del continente.

2. La Vocería de la Línea Dura: El Rol de Martín Arrau en la Defensa del Control y la Hostilidad.

Como ejecutor principal de esta política, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ha asumido un rol activo en la validación pública de esta estrategia. Lejos de matizar los componentes más agresivos del pacto, Arrau ha utilizado sus tribunas en medios y foros empresariales para defender la legitimidad de un control férreo y hostil:

* Legitimación de la Fuerza frente a la Gestión Política: En su intervención en el foro de ICARE, Arrau justificó la priorización absoluta de la gestión técnica y operativa por sobre el debate democrático en el Congreso. Bajo esta lógica, el control territorial y policial inmediato se impone sobre la deliberación política, asumiendo un rol de ejecutor pragmático de la fuerza del Estado.

* El Blindaje Discursivo del Pacto: Arrau ha salido al paso de las críticas transversales que acusan una pérdida de soberanía nacional. Al defender el Escudo como una «declaración de intenciones voluntaria», el ministro busca neutralizar el debate legislativo para implementar de manera expedita los programas de inteligencia estadounidenses, argumentando que el crimen organizado y el terrorismo ya constituyen una «threat interna» que justifica medidas excepcionales.

* Liderazgo en Terreno de los Cercos Policiales: El ministro no se ha limitado a la defensa teórica; ha encabezado personalmente los operativos de fiscalización masiva en los accesos clave a zonas en conflicto.

Al exhibir estas intervenciones como «éxitos de gestión», Arrau valida la asfixia logística y el hostigamiento perimetral sobre comunidades específicas como una herramienta legítima y necesaria de orden público.

3. El Repudio de Brasil y México: Defensa de la Autonomía Regional…

El rechazo explícito de las dos economías más grandes de América Latina a formar parte del bloque no es un mero desacuerdo partidista, sino una defensa corporativa de la Soberanía Estatal frente a las coaliciones punitivas promovidas por Estados Unidos…

* Brasil (Lula da Silva): Su diplomacia rechaza históricamente cualquier instancia que condicione la soberanía de los países sudamericanos a las directrices de seguridad del régimen estadounidense. El gobierno de Brasil ve con profunda desconfianza los pilares económicos del Escudo que involucran el control de minerales críticos e infraestructura digital, leyéndolo como una estrategia de EE. UU. para asegurar influencia sobre los recursos estratégicos de la región bajo el pretexto de la seguridad.

* México: La mandataria mexicana, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ya ha rechazado de forma categórica la iniciativa continental y los planteamientos estadounidense de militarización. Su gobierno fundamenta el rechazo en los principios de no intervención y soberanía nacional, objetando cualquier injerencia armada o subordinación de las agencias de orden público locales a organismos de inteligencia federales de EE. UU. (como el FBI o la DEA).

Para la administración de la presidente Sheinbaum Pardo<, integrarse a este bloque validaría un modelo estrictamente represivo que socava las raíces sociales del problema de la seguridad regional.

4. La Contradicción Jurídica: La Colisión con el Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas

La implementación de la agenda del Escudo de las Américas por parte del Ejecutivo chileno entra en una colisión insalvable y directa con el marco normativo internacional de los derechos humanos y las protecciones especiales otorgadas a los pueblos indígenas, tratados que el Estado chileno está obligado a cumplir:

* Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo): Este tratado internacional vinculante, ratificado por Chile en 2008, establece la obligatoriedad de la consulta previa, libre e informada ante cualquier medida legislativa o administrativa que afecte directamente a los pueblos originarios (Artículo 6). La ofensiva punitiva del Escudo, las reformas destinadas a enajenar tierras y los cercos territoriales se aplican de forma unilateral, omitiendo por completo los estándares de buena fe y participación de las instituciones representativas mapuche…

Asimismo, el Convenio consagra el derecho a mantener sus propias instituciones y el respeto a sus formas tradicionales de control social.

* Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007):

Este instrumento establece los estándares mínimos para la supervivencia, dignidad y bienestar de los pueblos originarios. El asedio tecnológico y militar a comunidades vulnera directamente el Artículo 30, el cual prohíbe explícitamente el desarrollo de actividades militares en tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que se haya acordado libremente o lo justifique una amenaza pública significativa con consulta previa.

* Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (OEA, 2016):

Al utilizar mecanismos del sistema interamericano para articular el Escudo de las Américas, el gobierno contradice este documento regional que obliga a los Estados miembros a otorgar plenas garantías de seguridad, paz y protección integral a las tierras ancestrales indígenas, prohibiendo la militarización como respuesta a demandas territoriales.

* Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP):

El despliegue de controles policiales perimetrales y hostigamientos atenta contra el derecho a la libre circulación (Artículo 12) y el principio de no discriminación (Artículo 26), transformando la identidad étnica en un criterio de selectividad penal y sospecha sistémica por parte de las fuerzas de seguridad estatales.

5. El Pueblo Mapuche como Víctima Histórica de las Coaliciones Punitivas:

El impacto más severo de este giro en la política exterior e interior chilena recae de forma directa sobre las comunidades mapuche en resistencia, como la Comunidad Autónoma de Temucuicui. En este nuevo escenario geopolítico, las comunidades e identidades territoriales son situadas en una posición de absoluta indefensión y victimización frente al aparato coercitivo del Estado:

* Pérdida Definitiva del Estatus Político:

Al amparo internacional del Escudo de las Américas, el régimen chileno consolida la narrativa de que el conflicto en La Araucanía es puramente una manifestación de crimen organizado y terrorismo. Al equiparar a orgánicas mapuche con agrupaciones transnacionales como el Tren de Aragua o los cárteles mexicanos, las comunidades son víctimas de una anulación de su estatus como pueblo originario con derechos políticos, clausurando cualquier espacio de negociación institucional o reconocimiento de las demandas históricas por tierras ancestrales.

* El Retorno de los Cercos Territoriales de Facto:

Bajo la premisa declarada por Kast de que «si el Estado no entra, ellos tampoco salen», el Ministerio de Seguridad aplica masivos puntos de control fijos y bloqueos perimetrales permanentes en los accesos clave (como los cruces de Ercilla y Pidima).

Estas operaciones convierten a los habitantes rurales en víctimas de un hostigamiento diario, imponiendo un Estado de sospecha y restricción de movilidad generalizado que violenta la vida cotidiana de familias, niños y ancianos que nada tienen que ver con actividades delictivas.

* Asimetría Tecnológica y Vigilancia Estrecha:

El pilar de seguridad de la alianza dota a las policías locales (Carabineros y PDI) de software de análisis de datos e inteligencia avanzada. En el terreno, las comunidades sufren la vulneración de sus espacios fundamentales a través del monitoreo digital constante y el uso intensivo de drones de alta autonomía para la vigilancia aérea de los predios, quedando en una situación de total desprotección y asedio tecnológico.

* Criminalización de Derechos Sociales y Económicos:

El enfoque punitivo se extiende a la estructura socioeconómica a través de reformas legislativas que buscan quitar subsidios estatales, bonos agrícolas y becas de estudio a personas procesadas bajo cargos asociados a la violencia rural, victimizando económicamente al entorno familiar y comunitario.

Del mismo modo, la agenda gubernamental para modificar la Ley Indígena, permitiendo la enajenación e hipoteca de tierras comunitarias, ataca directamente la propiedad colectiva, amenazando con desarticular la subsistencia y el patrimonio ancestral del pueblo mapuche.

Conclusión:

El ingreso de Chile al Escudo de las Américas legitima de forma transnacional la adopción de una política de Estado de ultraderecha punitiva y selectiva.

Al replicar las lógicas de coordinación represiva que Chile lideró en el pasado bajo el mando del dictador terrorista Pinochet, ignorando abiertamente el bloque de constitucionalidad de tratados como el Convenio 169 de la OIT, y con un Ministerio de Seguridad abocado a la defensa irrestricta de la fuerza en terreno, el actual gobierno desplaza las herramientas del diálogo para consolidar un enfoque estrictamente policial, tecnológico y punitivo, posicionando nuevamente al Pueblo Mapuche como la víctima histórica de la violencia institucionalizada.

𝗕𝗶𝗯𝗹𝗶𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶́𝗮:

Documentos Oficiales y Estatutos del Escudo de las Américas

* Department of State, United States of America. (2026). Joint Statement on Defending Hemispheric Sovereignty: Economic, Security, and Multilateral Coordination Pillars of the Shield of the Americas. Washington D.C.: Office of the Spokesman.

* Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobierno de Chile. (2026). Decreto de Adhesión Oficial de la República de Chile al Marco de Coordinación Voluntaria «Escudo de las Américas». Santiago de Chile: Dirección de Asuntos Bilaterales.

* Ministerio de Seguridad Pública, Gobierno de Chile. (2026). Minuta institucional y declaraciones de prensa sobre el ingreso del Estado de Chile a la iniciativa Shield of the Americas (Escudo de las Américas). Santiago de Chile.

* Organización de los Estados Americanos (OEA). (1947 / Enmiendas 2026).

•Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR): Activación del Órgano de Consulta para Amenazas Narcoterroristas Transnacionales según los Estatutos del Escudo de las Américas. Washington D.C.: Secretaría General de la OEA.

* The White House. (2026). Doral Joint Security Declaration: Establishing the Americas Counter Cartel Coalition. Florida: White House Digital Platforms.

Fuentes Históricas y Judiciales de la Operación Cóndor:

* Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), República de Chile. (1975). Acta de Fundación del Sistema Cóndor: Conclusiones de la Primera Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional. Santiago de Chile (Noviembre de 1975). Documento desclasificado del Archivo del Terror de Paraguay.

* McSherry, J. Patrice. (2005). Predatory States: Operation Condor and Covert War in Latin America. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

* Ministerio Público Fiscal de la República Argentina. (2016). Sentencia Judicial en la Causa «Plan Cóndor» (Causa Nº 1351/99 y acumuladas). Buenos Aires: Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1.

Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas y Derechos Humanos:

* Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI).

* Organización de los Estados Americanos (OEA). (2016). Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. AG/RES. 2888 (XLVI-O/16).

* Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Asamblea General de la ONU.

* Organización Internacional del Trabajo (OIT). (1989). Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (Convenio número 169). Ratificado por la República de Chile en septiembre de 2008.

Análisis Político, Estratégico y Comunitario.

* Athena Lab. (2026). El Escudo de las Américas y el Compromiso Regional de Santiago: Solapamientos y Capacidades Operativas en la Cooperación de Seguridad. Documento de Actualidad Estratégica, N° 42. Santiago de Chile.

* Centro de Estudios de la Academia de Guerra (CEEAG). (2026). The Shield Summit: Reconfiguración de la Seguridad Hemisférica y Doctrina de la Soberanía bajo la Administración Trump. Santiago de Chile: Publicaciones de Defensa Nacional.

* Lof Temucuicui. (2026). Comunicados públicos y declaraciones territoriales ante el despliegue del contingente de orden público en los accesos de la provincia de Malleco. Malleco, La Araucanía.

* Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE). (2026). Transcripción del ciclo «Conoce a tu Ministro»: Intervención de Martín Arrau, Ministro de Seguridad Pública. Foro empresarial de septiembre, Santiago de Chile.

* Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobierno de México. (2026). Vocería de la Presidencia de la República: Declaraciones doctrinales de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre seguridad continental y no intervención. Ciudad de México, México.

* Wilson Center. (2026). Key Takeaways from the 2026 Shield of the Americas Summit: Operationalizing the «Americas First» Policy. Washington D.C.: Latin American Program.

Lo subrayado/interpolado es nuestro.